El propósito del trabajo judicial de China consiste en actuar conforme a la ley para proteger los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y sus demás derechos e intereses legales, proteger los bienes públicos y los bienes privados legales de los ciudadanos, salvaguardar el orden social, asegurar el expedito progreso de la modernización socialista y castigar al reducido número de delincuentes.

En 2001, el Tribunal Popular Supremo, bajo la supervisión de la APN y su Comité Permanente, cumplió concienzudamente las funciones establecidas por la Constitución y la ley, llevó a la práctica de forma activa el tema principal de su trabajo de “justicia y eficiencia”, fortaleció enérgicamente el trabajo judicial, fomentó la reforma del tribunal, se empeñó firmemente en la construcción de su contingente y logró nuevos progresos en diversos aspectos.

En el año en curso, el Tribunal Popular Supremo, en función de emisión de sentencias, concluyó la vista de 3,047 casos de diverso tipo, elaboró 34 interpretaciones judiciales y atendió 152,557 cartas y visitas. Los tribunales populares locales de diversos niveles, junto con los tribunales populares especiales, concluyeron 5,927,660 casos, de ellos, 729,958 fueron de naturaleza criminal, lo que representó el 12.31%, 5,076,694 civiles, lo que supuso el 85.64%, y 121,008 administrativos, para un 2.05%.

Los tribunales populares sancionaron severamente los crímenes graves y castigaron resueltamente según la ley a los criminales que intentaron subvertir el Poder estatal y socavar la unidad del país, a los terroristas y a los delincuentes que organizaron sectas diabólicas como “Falun Gong” y que se aprovechaban de ellas para sabotear la implementación de la ley. En la lucha de “sin cuartel” y la rectificación del orden, implementaron con firmeza el principio de mano dura y rapidez según la ley y castigaron con prioridad los delitos violentos, tales como las organizaciones de carácter mafioso, las explosiones, los homicidios, los asaltos y los secuestros, y los delitos frecuentes que afectaban seriamente la seguridad de las masas, como en el caso de los robos. También golpearon con mano dura los delitos de drogas y de fabricación y propagación de artículos pornográficos, así como los de las organizaciones de carácter mafioso. En todo el año, los casos similares procesados aumentaron en 6.3 y 3.8 veces, respectivamente, sobre el año anterior. Según la ley, se asestaron duros golpes a los delitos relacionados con armas y explosivos, castigando con rigor a los delincuentes que amenazaban seriamente la seguridad de las vidas y bienes del pueblo, manteniendo así la tranquilidad social. Además se castigaron decididamente los delitos relacionados con daños a mujeres y niños.

Los tribunales populares golpearon sin clemencia según la ley los delitos que perturbaron gravemente el orden de la economía de mercado, castigando rigurosamente los delitos de la producción y venta de mercancías adulteradas y de mala calidad, el contrabando, la estafa financiera, la evasión y resistencia de impuestos, el engaño con divisas y la fabricación y venta de papel moneda falso. Asestaron golpes según la ley a las actividades criminales de venta en pirámide. En todo el año, fueron penalizados 14,953 casos de esta índole con 19,972 delincuentes involucrados y fueron recuperados 2,230 millones de yuanes que de otra forma serían pérdidas económicas para el Estado. Los tribunales de todo el país castigaron con firmeza los delitos que perjudicaban la seguridad financiera, finalizaron en el año 6,650 casos de este tipo y condenaron a 8,906 delincuentes. Además fueron procesados y concluidos 764 casos relacionados con la fabricación y venta de artículos falsos, tales como alimentos, medicinas, algodón, medios de producción agrícolas y aparatos e instrumentos médicos, y fueron sentenciados 921 criminales. El castigo severo según la ley de los delincuentes que fabricaban y vendían sin control alguno mercancías falsas respondió a las aspiraciones y opiniones del pueblo.

Los tribunales populares castigaron con mano dura el delito de abuso de poder, a saber, el desfalco y el soborno. A este tenor, en 2001 se condenaron a 20,120 delincuentes, entre ellos cinco funcionarios públicos de nivel provincial y ministerial, 89 de nivel de prefectura y departamento y 419 de nivel distrital y de sección.

Durante el proceso de enjuicimiento penal, los tribunales pusieron énfasis en los hechos, las evidencias, el procedimiento y las leyes aplicables e intensificaron la seguridad judicial de los derechos humanos, garantizando de este modo que los ciudadanos inocentes no fueran sometidos al rigor de la ley. En todo el año fueron declaradas inocentes 6,597 personas.

Los tribunales populares coordinaron de acuerdo con la ley las relaciones económicas y otras relaciones sociales. Procesaron 1,276,601 casos relacionados con la reestructuración empresarial, la adquisición y la venta, el préstamo, el desarrollo económico agrícola y rural, las finanzas, y los accidentes marítimos y los litigios de comercio marítimo. Los tribunales populares, en su vista de los casos matrimoniales y familiares, persistieron en proteger a las mujeres, ancianos y niños, así como los derechos e intereses legales de la parte inocente y en el principio favorable a la producción y la vida de las masas y el fomento de la buena moral y hábitos. En todo el año procesaron y concluyeron 1,394,677 casos correspondientes.

Los tribunales populares prestaron gran atención a pleitos de trabajo y cerraron 100,440 casos en 2001, lo que significó un ascenso de 33% frente al año previo. Atendieron a conciencia los casos administrativos y concluyeron por primera vez más de 100,000 casos en un año. También trataron según la ley 6,753 casos de indemnización estatal, promoviendo la administración imparcial de la ley y la justicia. Aplicaron seriamente el sistema judicial de asistencia, acogiéndose a la reducción, la mitigación y la exención de gastos de causas para la parte litigante con los derechos e intereses dañados y económicamente necesitada e invitando a defensores o agentes para los grupos desfavorecidos como ciegos, sordos y mudos para que aseguraran sus derechos de pleito.

El Tribunal Popular Supremo, de acuerdo con el principio de “un país, dos sistemas” y las dos leyes fundamentales de Hong Kong y Macao, acordó con la Región Administrativa Especial de Macao los arreglos para la encomienda mutua de los documentos judiciales de casos civiles y comerciales y la transferencia de evidencias, lo que impulsó el intercambio y la asistencia judiciales entre la parte continental y la RAEM; asimismo hizo progresos expeditos en el trabajo de asistencia judicial con la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Además, conforme a las Estipulaciones sobre el Reconocimiento por parte de los Tribunales Populares de las Sentencias de Casos Civiles Dictadas por los Tribunales de Taiwan, los tribunales populares de la parte continental iniciaron el trabajo pertinente.

Los tribunales de todo el país fortalecieron en mayor medida la construcción de sus organismos de aplicación, reajustaron y complementaron el contingente, mejoraron la forma y reforzaron la fuerza de aplicación. En el año aplicaron la ley y concluyeron 2.54 millones de casos, con un valor total de 315,000 millones de yuanes. Dieron prioridad a la aplicación de los casos relacionados con el pago de manutención para hijos menores, el pago de sustento para los padres ancianos, la pensión para la vejez, el retiro, el seguro de trabajo y la recompensa de trabajo. En 2001 aplicaron la ley y finalizaron más de 60,000 casos, asegurando que la vida básica de los solicitantes de aplicación no fuera afectada. Intensificaron la aplicación de la ley para los casos de finanzas, valores y préstamos y cerraron más de 30,000 casos, esfuerzos que lograron mantener el orden económico normal.

El Tribunal Popular Supremo, ateniéndose a la Constitución y la ley, a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el compromiso de China y a las tres normas de ingreso de China a convenios internacionales, examinó totalmente más de 2,600 interpretaciones judiciales y documentos de carácter de interpretación judicial que el mismo había promulgado desde la fundación de la Nueva China y publicó la supresión de 177 de ellos. Al mismo tiempo, trabajó con mucho empeño para elaborar y enmendar otras interpretaciones judiciales, proporcionando pruebas para la aplicación correcta de la ley después de la entrada de China en la OMC.

El Tribunal Popular Supremo continuó impulsando la reforma de tribunal y fortaleció con incansables esfuerzos la construcción de un contingente de abogados. En estrecho vínculo con el principio rector de “justicia y eficiencia”, el Tribunal Popular Supremo asumió con toda seriedad 39 tareas establecidas por el programa del quinquenio de la reforma para los tribunales populares, de las cuales 35 obtuvieron notables progresos. En 2001, puso énfasis en los siguientes cuatro aspectos de la reforma: Primero, tomando como centro de gravedad la reforma del sistema de evidencias, mejoró el sistema de proceso judicial; segundo, tomando como punto clave la reforma del sistema de rejuicio, consolidó el trabajo de juicio y supervisión; tercero, tomando como punto central la reforma del sistema de abogados, fomentó la profesionalización de abogados; y cuarto, tomando como punto clave la reforma del organismo de juicio, impulsó la innovación del sistema de juicio.

En 2001 los órganos de fiscalía aplicaron la ley intensificando las represalias contra los delitos graves, se concentraron en rectificar el orden social y problemas graves de esta índole en zonas afectadas, a la vez que llevaban a la práctica las medidas de rectificación integral, haciendo contribuciones activas para obtener logros por etapa en la lucha sin cuartel contra la delincuencia y por la reordenación.

Estos órganos persistieron en el principio de mano dura y rapidez según la ley, castigaron con prioridad la delincuencia violenta, incluidas las organizaciones de carácter mafioso y las bandas de malhechores, las explosiones, los homicidios, los asaltos y los secuestros, y los delitos frecuentes que afectaban seriamente la seguridad de las masas, como por ejemplo, los robos, y sobre todo, tomaron como máxima prioridad el castigo severo según la ley a las fuerzas malvadas que en ciertos lugares explotaban y ultrajaban al pueblo, cometiendo un sinnúmero de delitos. La Fiscalía Popular Suprema presentó oportunamente la interpretación judicial sobre el problema legal aplicable en la lucha sin cuartel y supervisó directamente la investigación de 381 graves casos vinculados a dichas fuerzas. Se combinó el castigo de las fuerzas malvadas con la lucha contra la corrupción, y se investigó y se sancionó con especial énfasis los casos de abuso de poder cometidos por los funcionarios públicos que actuaban como el respaldo y la protección de las fuerzas malvadas, y, al mismo tiempo, las fiscalías de niveles superiores llevaron a cabo la investigación o enviaron personal de supervisión para su cumplimiento. A lo largo del año fueron investigados 279 casos de delitos de este tipo, con 345 personas involucradas. Los órganos fiscalizadores también participaron de forma activa en la rectificación y regulación del orden de la economía de mercado, golpeando con rigor según la ley las actividades criminales que amenazaban seriamente la vida y salud del pueblo, tales como la fabricación y venta de alimentos y medicamentos falsos, adulterados y de mala calidad, así como las actividades delictivas que sabotearon en gran medida el orden económico del mercado, incluyendo la evasión y engaño de impuestos, la estafa financiera, el contrabando y la venta en pirámide. A través del año se autorizó el arresto de 26,002 sospechosos involucrados y se instruyeron procesos contra 23,526 personas. La Fiscalía Popular Suprema formuló junto con los departamentos correspondientes las normas de demandas con efecto retrospectivo de delincuentes económicos, hizo interpretaciones judiciales sobre los problemas de manejo de los casos penales relacionados con la fabricación y venta de mercancías falsas y adulteradas y supervisó el tratamiento de 195 casos criminales importantes. Los órganos de fiscalía sometieron a proceso a 397 funcionarios de la ley sospechosos de estar involucrados en prácticas fraudulentas en provecho personal y de no encausar los casos penales. Se rectificó asimismo el problema de la falta de exigencia de responsabilidad por delito y de la multa por condena.

Los órganos fiscalizadores golpearon decididamente las acitivades delictivas de explosiones, homicidios e incendios provocados que organizaron las fuerzas terroristas, los extremistas religiosos y los escisionistas nacionales, salvaguardando la seguridad del Estado y del público.

En el transcurso del año, los órganos de fiscalía de todo el país fortalecieron la supervisión del proceso judicial, manteniendo la imparcialidad judicial y la dignidad del sistema legal. Los órganos fiscalizadores de diversos niveles, en torno a la lucha sin cuartel y la rectificación del orden, reforzaron la supervisión de pleitos penales, castigaron con firmeza la delincuencia y garantizaron los derechos humanos. Se puso especial atención a los casos de negligencia legal a la hora de encausar casos, el cambio de multa por condena y la sentencia leve para delitos graves. Se supervisó conforme a la ley el encausamiento de 18,447 casos que habían logrado burlar la aplicación de la ley; se arrestó con efecto retrospectivo a 13,341 personas que debían ser arrestados y no lo habían sido y se demandó a 6,440 personas con efecto retroactivo. Se revocaron 3,875 veredictos y fallos penales identificados como erróneos. Mediante la supervisión se presentaron 8,548 opiniones para la corrección de casos que no fueron oportunamente juzgados, la mitigación de penas, la libertad condicional y ejecución de la pena provisional fuera de prisión en violación de la ley. Por otro lado, se concedió la debida importancia a los derechos de los litigantes, y partiendo de una atención especial a los hechos, las evidencias y las leyes aplicables, se rectificaron infracciones tales como la obtención de confesiones mediante torturas y las detenciones indebidamente prolongadas.

Los órganos de fiscalía impulsaron la supervisión del proceso judicial de casos civiles y de procedimiento administrativo, apremiando la corrección de juicios injustos. Teniendo en cuenta el problema que afectaba la sentencia de casos civiles y la supervisión efectiva del procedimiento administrativo, la Fiscalía Popular Suprema planteó las Reglas sobre el Tratamiento de Causas para la Protesta de Casos Civiles. Los órganos fiscalizadores de diversos niveles examinaron a conciencia las demandas de los individuos en cuestión, prestaron gran atención a la supervisión de los casos en que las sentencias y juicios perjudicaban gravemente los intereses estatales, sociales y públicos y de interesados, así como de los casos en que el veredicto en violación de la ley provocaba fallos injustos. En 2001, se replantearon según la ley 16,488 casos, de los cuales los tribunales concluyeron 10,145, modificaron 5,377 y revocaron 900 fallos originales para rejuicio. En cuanto a las decisiones originales correctas, se persuadió con paciencia y meticulosidad a los presentadores de quejas para que las depusieran.

Los órganos fiscalizadores tomaron en consideración la investigación y sanciones a los casos de abuso de poder que sustentaban los fallos injustos. Castigaron resueltamente de acuerdo con la ley a los trabajadores judicales que abusaron de su poder al aceptar sobornos, plantearon demandas retroactivas y juzgaron falsificando la ley, permitieron la salida de criminales bajo custodia y cometieron fraudes para provecho personal al disminuir condenas y conceder libertad condicional y ejecución de la pena provisional fuera de prisión. En el año 2001 fueron encausados e investigados 4,342 casos de esta índole cometidos por el personal judicial.

Los órganos de fiscalía fortalecieron el trabajo de acusación y quejas contra la fiscalía, esforzándose por resolver las dificultades en este aspecto. Pusieron el acento en el desarrollo de las actividades encaminadas a resolver los problemas reales de las masas. En el transcurso del año fueron atendidas en total 656,080 cartas y visitas del público. Se llevó a cabo de forma persistente el sistema de día de recepción del fiscal general, y los fiscales generales de diversos niveles atendieron a un total de 188,116 visitas del pueblo, inspeccionando directamente la investigación de 72,346 casos subordinados al control de los órganos fiscalizadores y concluyendo en el año 55,336 casos. Al mismo tiempo se manejaron con seriedad casos penales de quejas e indemnización, se modificaron según la ley 777 casos identificados como erróneos y se otorgó indemnizaciones penales a los involucrados. A fin de acelerar la solución de problemas de quejas y aliviar la carga de pleito de los interesados, algunos órganos de fiscalía pusieron en práctica el sistema de responsabilidad del tratamiento inicial de la acusación, procurando resolver el problema en la entidad de base, o sea, en la primera instancia de tratamiento del proceso.

Los órganos de fiscalía intensificaron la investigación y prevención de delitos de abuso de cargo y promovieron la construcción de un gobierno limpio y la lucha contra la corrupción. En todo el año fueron investigados y vistos 36,447 casos de desfalco y soborno, con 40,195 personas involucradas, y fueron recuperados 4,100 millones de yuanes que de otra forma hubieran sido pérdidas económicas directas para el Estado. Entre estos casos, 1,319 involucraban enormes sumas de efectivo, de más de un millón de yuanes, con 9,452 funcionarios involucrados de organismos directivos del Partido y el gobierno, de órganos administrativos de aplicación de la ley y judiciales y de departamentos de administración económica, incluidos 2,670 de rango de distrito y sección o superior y seis al nivel de provincia y ministerio, incluido Li Jiangting, quienes fueron investigados conforme a la ley. Además fueron investigados y castigados 17,920 sospechosos de malversación y soborno que en el proceso de cambio del sistema y reorganización de las emperesas estatales repartían, se apropiaban y transferían secretamente los fondos públicos. Dichos órganos continuaron aumentando la intensidad de sus ataques a los delitos de cohecho y en 2001 encausaron e investigaron en 1,906 casos, para un incremento del 39.4% frente al año previo. Dado que en los últimos años aumentaron los casos en que los sospechosos de malversación y soborno lograban escapar con el dinero, la Fiscalía Popular Suprema se propuso junto con la Administración de Seguridad Pública atrapar a 3,046 sospechosos fugitivos, gracias a lo cual recuperó 680 millones de yuanes de dinero robado, desfalcado y recibido como soborno.

Tomando en cuenta el grave daño que suponen los delitos de prevaricación, la Fiscalía Popular Suprema formuló las normas para los casos más importantes de prevaricado, estableció con los órganos administrativos de aplicación de la ley pertinentes el sistema de transferencia de casos y fortaleció la guía para el trabajo de investigación de delitos prevaricadores. Los órganos de fiscalía de todo el país encausaron e investigaron 8,819 casos de esta clase en 2001. Asimismo fortalecieron la garantía judicial para los derechos de vida y democracia de los ciudadanos, demandando e investigando a 1,983 trabajadores de organismos estatales involucrados en los delitos de arresto, obtención de confesión con torturas, obtención de evidencias con violencia y la represalia e incriminación en forma ilegal.

Los órganos fiscalizadores, al intensificar el trabajo de prevención de crímenes de abuso de poder, incluyeron la investigación y prevención en la configuración general de la lucha contra la corrupción y el tratamiento integral del orden económico, fomentaron activamente el establecimiento de más de 1,300 organizaciones de prevención social e hicieron más de 28,500 propuestas de fiscalía para las entidades con casos ocurridos y los departamentos concernientes.

La Fiscalía Popular Suprema y las fiscalías de nivel provincial instituyeron centros de mando de inteligencia, lo que ayudó a mejorar la calidad y a elevar de forma general la eficiencia de su trabajo, consistente en la investigación de importantes casos de abuso de cargo. Además difundieron la reforma de revisión de las formas de detención, fortalecieron el examen de las evidencias y orientaron por ley obtener las evidencias por medio de la inteligencia, haciendo contribuciones al mejoramiento de la calidad y la elevación de la eficiencia al instruir los procesos.